‘No hay cupo’
Algunos lo consideran un defensor de las causas perdidas. Hace más de 20 años promovió lo que entonces era un insólito amparo porque en el Gobierno del Estado no querían proporcionarle información a un periodista; juicio que, en aquellos tiempos, era inconcebible que prosperara.
Hace cinco años inició otro juicio de amparo en nombre de un grupo de mexicalenses en contra de la Comisión Federal de Electricidad, ya que consideró que las altísimas tarifas eléctricas que la paraestatal cobra durante el verano violaban garantías individuales.
Daniel Solorio Ramírez es ese abogado quijotesco que cree que la educación, el trabajo y el derecho son las herramientas esenciales para lograr la movilidad social de los grupos históricamente rezagados. Piensa que con la formulación de normas jurídicas se puede presionar a los gobiernos para que promuevan políticas públicas que beneficien a los desfavorecidos.Como maestro de la Facultad de Derecho de la UABC, está convencido de que la educación es la llave para que los jóvenes de las familias marginadas salgan de la pobreza, progresen y mejoren su calidad de vida. Con perturbación se pregunta: ¿Qué será de los mil jóvenes que no pudieron ingresar a la UABC? ¿A qué se van a dedicar?
Sostiene que cientos de jóvenes que obtuvieron una buena puntación en el examen de admisión, “no fueron rechazados desde la perspectiva de los derechos, sino desde la perspectiva de la infraestructura, de los edificios, muebles, mesabancos, instalaciones y falta de profesores en la UABC”.
Trece jóvenes rechazados, quienes obtuvieron más de 4 mil puntos en el examen y cumplieron con todos los requisitos del proceso de selección, recurrieron ante el licenciado Solorio para que les ayudara a promover una demanda de nulidad ante el Tribunal Universitario, porque no fueron admitidos por la autoridad universitaria.
Y así, el maestro Solorio inició otro de esos infrecuentes pleitos ante ese Tribunal que nació con la Ley Orgánica de la UABC, en 1957, pero entró en funcionamiento hace poco más de un año y cuyo propósito es tutelar los derechos de los alumnos ante las autoridades universitarias cuando sean vulnerados sus derechos.
El pasado 15 de agosto, el Tribunal decidió que esa demanda es “notoriamente improcedente”, porque consideró que “los promoventes no tienen la condición de alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California”, requisito sine qua non para que estuvieran legitimados para iniciar el juicio en contra de varias autoridades universitarias.
Pero, para Solorio, estos jóvenes “sí son alumnos de la UABC” porque cumplieron con todos lo requisitos para ser considerados como tales y que por tanto el Tribunal debió darle entrada a esa demanda y, en el momento procesal oportuno, probar si son o no alumnos.
Considera que el Tribunal tiene el complejo de rector, que los juzgadores no actuaron como tales, sino como autoridad universitaria, ya que ni siquiera agotaron la etapa conciliatoria para dirimir la controversia de estos jóvenes que lo único que piden es ser educados.
Se duele de que el caso se haya resuelto bajo el hechizo de la feliz ignorancia, ya que se pasaron por alto los fines de esa Universidad pública y que la resolución lleva implícita la ingenua creencia de que el hecho de permitir el acceso a la educación a 13 jóvenes equivale a darle educación a los 7 mil rechazados.
Sostiene que el Tribunal perdió una gran oportunidad de consolidarse porque con esa determinación “deja al capricho de la autoridad administrativa nuevamente los procesos de selección y admisión; y consolida en obstáculo para el conocimiento a la UABC” y de nueva cuenta promoverá un juicio de amparo para que la justicia federal obligue al Tribunal a darle entrada a esa insólita demanda.
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Antonio Magaña es columnista y periodista local/comentarista de televisión.
correo: anmag@prodigy.net.mx