COLUMNAS
JAQUE MATE
Jaque Mate

Agua y política

"El que un bien sea un derecho no lo hace realidad."

Anónimo

No hay bien más valioso ni más manoseado por los políticos que el agua, la cual se ha convertido en bandera ideológica para impulsar medidas destinadas a provocar su propia escasez.

La declaración del agua como un derecho constitucional fue un error monumental: "Toda persona -- dice el artículo cuarto de la Constitución enmendado en 2012-- tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible". Pero que el agua sea un derecho no aumenta la disponibilidad del líquido ni genera infraestructura para extraerla, transportarla y entregarla a los hogares. Tampoco la limpia antes de reintegrarla a los cauces naturales. Lo único que hace es permitir que ciertas personas o familias eviten el pago y dejen la carga a los demás. De esta manera se debilitan la recaudación y la inversión, y disminuyen el abasto y la capacidad de tratamiento.

La nueva Constitución de la Ciudad de México ha dado un paso más en este camino al abismo populista: "La Ciudad -dice-- garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable". La verdad es que ninguna ley puede garantizar una cobertura universal del agua ni de ningún bien. Pero, además, señala: "La gestión del agua será pública y sin fines de lucro" y "este servicio no podrá ser privatizado". No importa si las empresas privadas pueden ser más eficientes y honestas; el dogma ideológico hace del agua un monopolio gubernamental.

En medio de este marco se ha emitido ahora una Ley de Sustentabilidad Hídrica con retrocesos, pero también avances. El Sistema de Aguas dejará de ser un organismo desconcentrado y pasará a ser descentralizado, lo cual le permitirá tomar sus propias decisiones y operar con autonomía. Es positivo. Una empresa no puede ser eficiente si su personal y decisiones cruciales no son suyas.

Lo ideal habría sido que el nuevo Sacmex tomara también las decisiones sobre tarifas. El sistema de precios es, después de todo, el mejor regulador económico. Con la nueva ley las tarifas ya no serán fijadas por los diputados, lo cual es positivo, pero tendrán que seguir siendo aprobadas por la Asamblea Legislativa. El problema es que los diputados no saben del tema del agua y buscan siempre bajar tarifas para comprar votos, aunque descapitalicen a la institución. No les interesa el largo plazo, sólo la siguiente elección.

La nueva ley obligará al gobierno capitalino a dar al Sacmex un financiamiento obligatorio suficiente para su operación e inversión. Hasta hoy ha sido muy fácil cobrar cuotas artificialmente bajas sin que el gobierno otorgue subsidios para cubrir las verdaderas necesidades. Por eso el servicio es tan deficiente.

El Sacmex tiene la necesidad de cuando menos duplicar las inversiones que realiza, y no por un período breve sino cuando menos durante 50 años. Hacer que el agua sea un derecho constitucional no genera los recursos que permitan reparar la red actual y construir la infraestructura adicional que se necesita para mantener el servicio y expandirlo hasta alcanzar a quienes hoy no tienen agua entubada. Hubiera sido mejor no hacer del agua un derecho, aunque sí crear un sistema que promoviera la inversión. Sin embargo, hay que trabajar con lo que se tiene. La Ley de Sustentabilidad Hídrica puede ser positiva si los gobiernos futuros realmente la respetan y garantizan los recursos para las inversiones necesarias. De lo contrario, el agua se agotará, pese a ser un derecho constitucional.

Mikel

Mikel Arriola es uno de los funcionarios más honestos y capaces del gobierno federal. Es además un gran deportista como pelotero de jai-alai. Ganar la Ciudad de México, sin embargo, será muy difícil para el PRI. De momento la batalla es entre Morena y el PRD.

Twitter: @SergioSarmiento

* El autor es periodista y analista político/comentarista de televisión.

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